Con 338 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Aduanera, que endurece sanciones y amplía la regulación para los agentes aduanales; mientras tanto, la oposición advierte riesgos de militarización y la falta de un combate efectivo al contrabando.
CIUDAD DE MÉXICO.-
La Cámara de Diputados aprobó este viernes, con 338 votos a favor, el dictamen que reforma la Ley Aduanera, una iniciativa impulsada por la administración federal en un contexto marcado por las investigaciones en torno al llamado huachicol fiscal. El proyecto será enviado al Senado para su análisis y eventual ratificación en las próximas semanas.
La reforma busca fortalecer el control fiscal, combatir el contrabando de combustibles y cerrar los huecos legales que, según el dictamen, han permitido prácticas irregulares en la operación de las aduanas. Sin embargo, la medida ha generado división entre legisladores, ya que mientras la mayoría oficialista considera que se trata de una herramienta moderna para transparentar el comercio exterior, la oposición alerta sobre el riesgo de militarización y sobrecarga regulatoria para el sector.
Reforma aduanera y nuevos mecanismos de control
El nuevo marco normativo modifica 65 artículos, adiciona 44 y deroga 9 disposiciones de la ley vigente. Entre los cambios más relevantes destaca la responsabilidad compartida (corresponsabilidad solidaria) de los agentes aduanales, quienes deberán cumplir mayores requisitos documentales y estarán sujetos a fiscalización permanente.
Además, la patente de agente aduanal tendrá una vigencia de 20 años, con la obligación de certificaciones cada tres años para mantener la autorización. También se establece la creación del Consejo Aduanero, órgano responsable de otorgar, suspender o cancelar patentes, así como de supervisar permisos y sanciones en los recintos aduanales del país.
El dictamen incluye sanciones más severas para los recintos fiscalizados estratégicos que permitan la salida de mercancías sin cumplir las formalidades correspondientes o sin pagar los impuestos de importación. Con ello, se busca reducir las operaciones ilícitas y garantizar mayor trazabilidad en las transacciones de comercio exterior.
Durante la discusión en el pleno, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y de otros grupos opositores realizaron protestas simbólicas. El diputado Federico Döring subió a la tribuna con un garrafón que simulaba combustible de contrabando, en alusión al problema delictivo que ha puesto bajo escrutinio a las aduanas.
Los legisladores críticos sostienen que la reforma no enfrenta las redes de corrupción internas que, según denuncias, han operado durante años en la administración aduanera. Aseguran que el texto castiga a los agentes aduanales, pero no contempla sanciones efectivas para los funcionarios públicos involucrados en los actos de contrabando o evasión fiscal.
Para la oposición, los cambios suponen una mayor concentración de poder en las autoridades federales y abren la puerta a la militarización de las aduanas, proceso que ya ha sido objeto de debate en los últimos años tras la transferencia de su control operativo a la Secretaría de Marina.
Desde el bloque oficialista, diputados de Morena defendieron que la reforma permitirá modernizar el sistema aduanero mexicano, impulsar la competitividad comercial y generar mayor seguridad fiscal. Argumentaron que los controles adicionales no buscan obstaculizar el comercio, sino proteger al Estado frente a la evasión y el contrabando, estimados en miles de millones de pesos anuales.
Por su parte, representantes de organismos empresariales y del comercio exterior expresaron preocupación por el posible aumento en los tiempos de despacho aduanero, así como por la falta de claridad en algunos procedimientos. Advirtieron que las medidas, aunque necesarias, podrían elevar los costos logísticos y reducir la competitividad de las exportaciones mexicanas si no se implementan con criterios técnicos y transparencia.
El contexto del huachicol fiscal ha colocado la reforma en el centro del debate público. Según estimaciones oficiales, las pérdidas derivadas del contrabando y la subvaluación de combustibles superan los 60 mil millones de pesos anuales. Por ello, el gobierno busca reforzar la vigilancia con equipos de rayos X, laboratorios de verificación de mercancías y controles digitales, medidas que acompañarían la nueva ley.
Sin embargo, especialistas en derecho fiscal consideran que sin sanciones a los mandos implicados en la corrupción o mecanismos de rendición de cuentas más transparentes, la reforma podría quedar en el papel y no corregir las causas estructurales del problema.
La aprobación de la reforma a la Ley Aduanera representa uno de los cambios legislativos más importantes del año en materia fiscal. Su impacto real dependerá de la manera en que el Senado la ratifique y de la capacidad del gobierno para aplicar la ley con equilibrio, sin frenar al comercio legítimo ni tolerar los abusos dentro de las instituciones.
Con esta decisión, México busca recuperar la confianza en sus aduanas, fortalecer la recaudación y cerrar los espacios a la impunidad económica que durante años han afectado al país.
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