La Ley de inteligencia fue aprobada entre críticas por concentrar datos personales sensibles sin contrapesos claros, lo que podría abrir la puerta a vigilancia masiva en México.
CIUDAD DE MÉXICO.-
La recién aprobada Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública ha generado un debate nacional por el potencial que otorga al gobierno para acceder a información personal sin orden judicial previa clara, con lo cual diversos sectores advierten que se crea una plataforma de vigilancia sin precedentes en el país.
La norma crea una Plataforma Central de Inteligencia a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que tendrá la facultad de interconectar bases de datos de dependencias públicas y privadas. Esto incluye acceso a información biométrica, financiera, fiscal, médica, de telecomunicaciones, judicial, vehicular y hasta académica, sin mecanismos robustos de supervisión externa.
Riesgos señalados por especialistas y colectivos
Distintas organizaciones de derechos digitales y expertos en protección de datos han alertado sobre los riesgos estructurales de esta ley:
- No establece filtros judiciales efectivos: aunque menciona que podría requerirse orden judicial “en su caso”, la redacción deja la puerta abierta a que muchas solicitudes se hagan sin intervención de un juez.
- Se eliminan contrapesos como el INAI, lo cual deja a la ciudadanía sin un organismo autónomo que supervise el uso de su información personal.
- Privacidad y debido proceso en riesgo: la ley podría permitir que personas sean investigadas, perfiladas o incluso detenidas basándose en cruces de datos sin transparencia.
- Afectación a grupos vulnerables: comunidades indígenas, activistas, periodistas o estudiantes podrían ser objeto de vigilancia indebida sin notificación ni defensa legal.
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Automatización sin garantías
Uno de los puntos más polémicos de la ley es que autoriza el uso de inteligencia artificial y algoritmos automatizados para analizar los datos recolectados, lo que podría derivar en:
- Perfiles automatizados erróneos o discriminatorios, basados en ubicación, edad, nivel socioeconómico o historial médico.
- Falta de mecanismos para corregir errores o falsos positivos, sin que la persona afectada siquiera sepa que está siendo investigada.
- Cero transparencia sobre cómo se usan, almacenan y actualizan estos perfiles.
Centralización de poder sin control ciudadano
La Plataforma Central de Inteligencia operará desde la Secretaría de Seguridad, lo que implica que el acceso a los datos se concentra en una sola dependencia del Poder Ejecutivo, sin revisión de organismos externos, sin participación ciudadana ni procesos de auditoría pública.
Esta acumulación de poder ha generado preocupación de que la norma se use no solo para combatir delitos, sino también con fines políticos o de control social.
“Es una herramienta que, sin controles, puede derivar en un Estado vigilante donde cualquier ciudadano puede ser monitoreado sin saberlo”, alertó un académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Reacción legislativa y social
Si bien el dictamen fue aprobado con mayoría, 215 diputados votaron en contra, y varios legisladores de oposición han anunciado que promoverán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, al considerar que viola los artículos 6° y 16° de la Constitución sobre privacidad y legalidad.
Organizaciones como R3D, Artículo 19, Data Cívica y otras han convocado a campañas ciudadanas para exigir transparencia y rendición de cuentas, y para frenar la implementación de la ley en su forma actual.
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Conclusión
La Ley de inteligencia representa un cambio radical en la forma en que el Estado mexicano accede, concentra y utiliza los datos personales de la población. Aunque su finalidad declarada es fortalecer la seguridad pública, los vacíos legales y la falta de controles independientes abren la puerta a un escenario de vigilancia masiva, con riesgos reales para los derechos humanos, la privacidad y la libertad de expresión.
Su aplicación efectiva requerirá una ciudadanía informada, organismos vigilantes y un debate legal profundo para garantizar que la seguridad no se imponga sobre los derechos fundamentales.
