La participación ciudadana en la inédita elección del Poder Judicial apenas superó el 13%, lo que refleja un escaso interés o desconocimiento del nuevo modelo electoral impulsado por el gobierno.
MÉXICO.-
La primera elección popular de jueces y magistrados en México, celebrada el pasado domingo 1 de junio, registró una participación ciudadana estimada entre el 12.57% y el 13.32%, de acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE). Esto equivale a cerca de 13 millones de votantes de un padrón de aproximadamente 100 millones de personas.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, informó que estos porcentajes se obtuvieron mediante una muestra representativa de las casillas instaladas en todo el país, diseñada por especialistas en estadística y matemáticas. Aunque no existe un parámetro de comparación debido al carácter inédito de esta elección, la participación fue sustancialmente menor a la de otros procesos de alcance nacional, como la consulta ciudadana de 2021 y la revocación de mandato en 2022.
Un proceso inédito con desafíos logísticos y presupuestales
La elección del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025 fue resultado de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, que estableció la elección por voto popular de más de 2,600 cargos judiciales, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral y jueces federales.
Sin embargo, el proceso enfrentó desafíos significativos. El INE sufrió un recorte presupuestal de más de 13 mil millones de pesos, lo que obligó a reducir el número de casillas y personal operativo. En lugar de las 172,000 casillas previstas inicialmente, se instalaron centros de votación con varias casillas agrupadas para cubrir el territorio nacional, afectando la cercanía de las urnas para los votantes. Además, se redujo el número de empleados temporales encargados de la capacitación y supervisión electoral.
A pesar de estos ajustes, Taddei Zavala aseguró que el INE cumplió con su mandato constitucional y que el proceso se llevó a cabo con profesionalismo y transparencia. Destacó también que no se reportaron incidentes graves que comprometieran la legalidad de la jornada.
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Reacciones encontradas ante los resultados
La baja participación generó diversas reacciones en el ámbito político. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió el proceso como un paso hacia la democratización del Poder Judicial y destacó que, a pesar de la baja participación, la elección fue un ejercicio democrático sin precedentes. El partido en el poder, Morena, calificó la jornada como “histórica”, “exitosa” y “democrática”.
Por otro lado, la oposición, encabezada por el PAN y el PRI, criticó la legitimidad del proceso y llamó a boicotearlo, señalando preocupaciones sobre la influencia del crimen organizado y la politización del sistema judicial. Analistas como Alberto Ramos de Goldman Sachs advirtieron sobre los riesgos de fallos judiciales politizados y una menor legitimidad institucional.
El exministro de la Corte, Arturo Zaldívar, quien fue uno de los principales promotores de la reforma judicial, argumentó que los bajos niveles de participación reflejan la necesidad de fortalecer la educación cívica y de informar mejor a la población sobre la importancia del Poder Judicial.
Perspectivas futuras y análisis
La elección judicial de 2025 marca un cambio significativo en el sistema judicial mexicano, al ser la primera vez que los ciudadanos eligen directamente a jueces y magistrados. Sin embargo, la baja participación plantea preguntas sobre la efectividad de este modelo y la necesidad de una mayor difusión y educación cívica para fomentar la participación ciudadana en futuros procesos.
Especialistas coinciden en que la implementación de un modelo de elección popular para cargos judiciales requiere un esfuerzo constante en materia de comunicación institucional, así como la garantía de condiciones logísticas óptimas para facilitar el voto.
El INE continuará con el escrutinio y cómputo de los votos, y se espera que los resultados definitivos se den a conocer el 15 de junio. Mientras tanto, el debate sobre la reforma judicial y su impacto en la independencia del Poder Judicial seguirá siendo un tema central en la agenda política del país.
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