En el marco del “Operativo Libertad”, autoridades federales y estatales lograron la detención de una regidora y otros seis implicados en una red criminal que imponía precios y controlaba el comercio en varios municipios del Estado de México.
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.-
Siete personas fueron detenidas durante un megaoperativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales en el Estado de México, por su presunta participación en una red criminal dedicada a la extorsión, secuestro exprés y manipulación de precios en productos clave, principalmente materiales de construcción y alimentos.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que el operativo, denominado “Operación Libertad”, fue desplegado de manera simultánea en 14 municipios mexiquenses el lunes 21 de julio, con cateos en 52 establecimientos sospechosos de operar bajo esquemas de extorsión y delitos contra la salud.
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Detenidos manipulaban precios y controlaban el comercio
Los detenidos fueron identificados como Eli “N”, Jorge “N”, Antonio “N”, Alicia “N”, José Fernando “N”, Gonzalo “N” y Yareli “N”, esta última regidora municipal en funciones, quien además, según la Fiscalía estatal, está vinculada a un grupo criminal con orígenes en Michoacán.
El fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes, detalló que esta célula criminal operaba mediante un mecanismo de imposición de precios excesivos sobre productos esenciales, lo que obligaba a la población a comprar en establecimientos controlados por la red.
“Este esquema tiene como común denominador el incremento deliberado y excesivo a los precios de productos muy específicos, impidiendo que los pobladores puedan acudir a otros comercios”, explicó Cervantes en conferencia de prensa.
Amenazas, secuestros exprés y dominio territorial
Además de la manipulación de precios, la red encabezada por los detenidos habría realizado secuestros exprés con fines de extorsión y amenazas a comerciantes independientes que intentaban abrir nuevos negocios en las zonas bajo su influencia.
Según las investigaciones, el grupo criminal también bloqueaba el ingreso de empresas de paquetería y distribución, controlando no solo la venta de productos sino también la logística y entrega. Esto generaba un ambiente de intimidación sistemática y coacción, afectando gravemente la economía local.
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¿Quién es Yareli “N”?
La presencia de una funcionaria municipal en activo entre los detenidos elevó el nivel de atención sobre el caso. Yareli “N”, regidora de uno de los municipios implicados —cuyo nombre no fue revelado por motivos legales—, habría usado su posición pública para proteger a la red delictiva y facilitar sus operaciones.
De acuerdo con el fiscal, se investiga su vínculo con una organización criminal michoacana, así como su presunta responsabilidad en la obtención de permisos, licencias y favores administrativos para favorecer a los negocios bajo control de la red.
Impacto del operativo
La “Operación Libertad” fue calificada como una acción contundente contra el crimen organizado en el comercio local, y de acuerdo con la SSPC, continuará con nuevas fases de investigación y seguimiento en los próximos días.
Los 52 cateos realizados en 14 municipios del Estado de México se centraron en locales, bodegas y puntos de venta que presuntamente formaban parte del entramado económico de la red delictiva.
Reacciones y consecuencias
Distintas cámaras de comercio y asociaciones civiles en el Estado de México celebraron el operativo y solicitaron que se garantice la reparación del daño a comerciantes víctimas de extorsión. También pidieron mayor vigilancia en zonas de alto riesgo y protocolos más estrictos contra funcionarios que colaboren o encubran a organizaciones criminales.
Omar García Harfuch subrayó que este tipo de acciones buscan recuperar la seguridad y la libertad económica de los municipios, y envió un mensaje claro: “No se permitirá que grupos criminales condicionen el acceso a bienes y servicios básicos de la población”.
Conclusión
La detención de una regidora municipal y seis presuntos integrantes de una red de extorsión en el Estado de México pone en evidencia el nivel de infiltración del crimen organizado en las estructuras locales de poder. Además del secuestro exprés y la intimidación, el control del comercio mediante el alza deliberada de precios refleja una estrategia criminal sofisticada que afecta directamente a los ciudadanos.
El “Operativo Libertad” marca un importante precedente en la lucha contra estas redes delictivas que condicionan el acceso a productos básicos, y deja claro que la coordinación entre autoridades federales y estatales será clave para desmantelar estructuras similares en otras regiones del país. Mientras avanza la investigación, las comunidades esperan justicia, transparencia y garantías para operar libremente sin miedo a represalias.
