Aunque Transportadora Silza afirma tener tres pólizas de seguro activas, documentos de la ASEA revelan que una de ellas había expirado meses antes del siniestro. Este vacío legal podría complicar la reparación integral a heridos y familias afectadas.
CIUDAD DE MÉXICO.-
La tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025, la rutina en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, se rompió con un estruendo que sacudió a toda la zona oriente de la Ciudad de México. Una pipa cargada con 49,500 litros de gas LP, propiedad de la empresa Transportadora Silza, explotó tras un presunto desperfecto mecánico. El saldo oficial: al menos seis personas fallecidas, 90 heridas —19 de gravedad—, decenas de vehículos calcinados y una estructura vial seriamente dañada.
Los titulares de medios nacionales e internacionales se centraron en la tragedia humana, en la rápida respuesta de cuerpos de emergencia y en las escenas de caos que siguieron. Sin embargo, un aspecto crucial pasó casi desapercibido: la cobertura de los seguros que debían proteger a las víctimas.
La versión de la empresa
En un comunicado emitido horas después, Transportadora Silza aseguró que contaba con tres pólizas vigentes:
- Responsabilidad Civil por daños a terceros.
- Cobertura de responsabilidad moral.
- Daños ecológicos.
La compañía enfatizó que había notificado a las aseguradoras correspondientes y que asumiría “toda responsabilidad legal derivada del accidente”. Con ello buscaba mandar un mensaje de calma tanto a las víctimas como a la opinión pública.
La contradicción: póliza vencida
Sin embargo, un reporte paralelo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) reveló un dato incómodo: una de las pólizas asociadas a la terminal marítima Gas Tomza —desde donde se cargó la pipa— estaba vencida desde el 12 de junio de 2025.
La póliza había sido emitida en septiembre de 2024 y tenía una vigencia de apenas nueve meses. Para el día de la explosión ya había expirado, lo que pone en duda la legalidad de parte de las operaciones de Silza y, sobre todo, la protección financiera de las víctimas.
¿Qué significa esto para los afectados?
La existencia de una póliza vencida no implica necesariamente que las otras dos no cubran ciertos daños. Pero sí abre un vacío legal que puede traducirse en:
- Demoras en indemnizaciones: Las aseguradoras podrían argumentar exclusiones de cobertura en función de la póliza caducada.
- Litigios prolongados: Familias de fallecidos y lesionados tendrían que acudir a tribunales para exigir la reparación total, lo que podría tardar años.
- Sanciones a la empresa: ASEA y la Secretaría de Energía (Sener) podrían iniciar procedimientos administrativos contra Silza por operar sin seguros vigentes en todos sus eslabones de la cadena.
En términos prácticos, esto significa que los deudos podrían enfrentar más obstáculos burocráticos que apoyos inmediatos.
Precedente peligroso
Este caso destapa un problema más amplio: la supervisión real de los seguros de transportistas de materiales peligrosos en México.
- Expertos en derecho energético consultados por distintos medios advierten que no basta con que las empresas “declaren” tener seguros. Las autoridades deben verificar la vigencia de cada póliza en tiempo real.
- De no hacerlo, accidentes como el de Iztapalapa pueden dejar a comunidades enteras en la indefensión económica y jurídica.
El precedente es claro: si se permite que una pipa circule con seguros vencidos, ¿cuántas otras unidades de transporte de gas, químicos o combustibles podrían estar en condiciones similares?
Reacción institucional
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, recorrió hospitales y zonas afectadas, prometiendo atención integral a víctimas. La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades penales.
Por su parte, ASEA confirmó que revisará los permisos, seguros y protocolos de seguridad de la empresa, mientras que legisladores locales ya hablan de endurecer las regulaciones para el transporte de sustancias peligrosas en zonas urbanas densamente pobladas.
Voces ciudadanas
Vecinos de la zona no sólo exigen reparación de daños, sino garantías de que tragedias similares no se repetirán. “Nosotros fuimos los que corrimos para ayudar a los heridos, mientras el calor del fuego nos quemaba la cara. Ahora dicen que había seguros, pero uno ya estaba vencido. ¿Quién nos garantiza que nos van a pagar lo que perdimos?”, comentó una comerciante afectada.
La desconfianza hacia empresas de transporte y hacia la capacidad de supervisión de las autoridades es palpable. El accidente no sólo dejó cicatrices físicas, también sembró un sentimiento de vulnerabilidad e indignación.
La explosión del Puente de la Concordia no sólo evidenció la fragilidad de la infraestructura urbana ante accidentes de gran magnitud, también destapó un hueco legal que podría afectar a decenas de familias.
Mientras Silza insiste en que todas sus pólizas están vigentes, los documentos oficiales dicen lo contrario. Esa discrepancia no es menor: de su resolución depende que víctimas reciban una reparación justa o enfrenten años de incertidumbre.
El caso deja una lección clara: no basta con promesas públicas, se requieren mecanismos efectivos de auditoría y supervisión de seguros en el transporte de materiales peligrosos. Porque la próxima vez, la diferencia entre un seguro vigente y uno vencido puede marcar la frontera entre justicia y abandono.
Te recomendamos leer: Condenan a Chuyín Bernal: ¿justicia o venganza política en Ahuacatlán?
