A diez años del fallecimiento de Marisol Martíriz Guzmán, el IMSS reconoció su responsabilidad por omisiones en la atención médica. La familia rechazó las disculpas por considerarlas insuficientes.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.-
A una década del fallecimiento de Marisol Martíriz Guzmán, migrante salvadoreña residente en Bochil, Chiapas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofreció una disculpa pública por la negligencia médica que provocó su muerte y la de su hija por nacer, reconociendo que se vulneraron sus derechos a la salud y a la vida.
Sin embargo, Miceli Eduardo Gómez Hernández, esposo de Marisol y ciudadano mexicano, rechazó las disculpas, acusando que no se realizaron en un espacio digno ni con la presencia de autoridades de alto nivel. “Las disculpas no regresan a mi esposa. Queremos justicia, que los responsables paguen por lo que hicieron”, expresó con firmeza durante el acto.
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Un acto incompleto: sin justicia ni reparación efectiva
La ceremonia de disculpa se llevó a cabo en un salón del ayuntamiento de Bochil, alejada del espacio público que la familia exigía. Gómez Hernández reprochó que no estuviera presente el director general del IMSS, Zoé Robledo, y que no se hayan cumplido las medidas de no repetición, pese al tiempo transcurrido.
“Este acto es importante, pero no suficiente, porque después de 10 años seguimos luchando para que las futuras mamás no pasen por lo que pasó mi esposa”, dijo, visiblemente afectado. Criticó también que el hospital de Bochil continúa con carencias graves, como falta de médicos, insumos, equipo de ultrasonido y protocolos efectivos.
Recomendación de la CNDH y responsabilidad del IMSS
El acto de disculpa se realizó en cumplimiento de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en diciembre de 2018, donde se reconoció la inadecuada atención por parte de servidores públicos del IMSS.
En representación del Instituto, asistieron Ramón Narváez, coordinador de atención a quejas y casos especiales, y Guadalupe Inocencio Hernández Vaquerizo, director del hospital rural de Bochil. Este último fue quien ofreció formalmente la disculpa pública en nombre del IMSS.
“El IMSS, con todo respeto, reconoce su responsabilidad y expresa su más sincera disculpa a Miceli Eduardo Gómez Hernández, a sus hijos y a toda la familia de Marisol Martíriz, por la atención médica que se le brindó en 2015 y que culminó en su lamentable fallecimiento”, expresó.
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Exigencias por atención digna y sin discriminación
Gómez Hernández exigió que esta disculpa no sea simbólica, sino el inicio de una transformación estructural en el sistema de salud, comenzando por el hospital donde ocurrió la tragedia. Solicitó atención digna, ambulancias las 24 horas, equipos funcionales y personal capacitado para evitar futuras negligencias.
Aseguró que la comunidad sigue señalando las mismas fallas estructurales de hace una década: carencia de medicamentos, falta de médicos, equipos en desuso y un sistema deficiente que pone en riesgo la vida de quienes acuden a solicitar atención.
“No basta con pedir perdón cuando no se han cambiado las causas que provocaron su muerte”, recalcó, subrayando que su hija tampoco sobrevivió y que la impunidad y el abandono institucional siguen siendo parte del problema.
Un acto sin reparación completa
Aunque el IMSS reconoció que en 2015 se violaron los derechos humanos de Marisol Martíriz y su hija, para la familia este reconocimiento llega tarde, sin acciones contundentes ni responsables sancionados, y con las mismas condiciones que permitieron la tragedia original.
El caso de Marisol es uno entre muchos en los que la atención médica deficiente afecta con mayor fuerza a poblaciones vulnerables, como migrantes, mujeres embarazadas y personas sin recursos. Su esposo ha insistido en que la reparación del daño no puede limitarse a un acto simbólico sin consecuencias reales.
Conclusión
El IMSS ofreció una disculpa pública por la negligencia médica que cobró la vida de Marisol Martíriz Guzmán y su hija, reconociendo una deuda histórica con su familia. Sin embargo, su esposo rechazó el acto por considerarlo insuficiente, sin justicia ni garantía de no repetición. Diez años después, las demandas de atención digna y sin discriminación siguen sin cumplirse en el hospital rural de Bochil, evidenciando una crisis estructural en la atención médica en zonas marginadas de México.
