La reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum llegará al Congreso de la Unión en enero de 2026, con el objetivo de modificar el sistema político-electoral rumbo a los comicios federales de 2027. La iniciativa contempla ajustes en el financiamiento de partidos, el costo de las elecciones, la representación legislativa y la estructura de las autoridades electorales.
CIUDAD DE MÉXICO.-
El año 2026 estará marcado por una discusión de fondo sobre el sistema político-electoral mexicano, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma electoral durante la tercera semana de enero. El Poder Legislativo tendrá como fecha límite el mes de mayo para analizar, discutir y, en su caso, aprobar los cambios, con el fin de que puedan aplicarse en las elecciones federales de 2027.
Durante sus conferencias matutinas, la mandataria federal ha señalado que la reforma electoral forma parte de sus compromisos prioritarios de gobierno, con el objetivo de reducir los costos del sistema electoral, fortalecer la representación democrática y ajustar el funcionamiento de las instituciones encargadas de organizar los comicios.
A lo largo de 2025, Sheinbaum Pardo adelantó algunas de las líneas generales de la reforma, entre las que destacan la reducción del gasto electoral, recortes al financiamiento público de los partidos políticos, la eliminación o modificación del esquema de representación plurinominal y la revisión de los organismos electorales locales.
Como parte del proceso de construcción de la iniciativa, entre septiembre y diciembre de 2025 se llevaron a cabo más de 60 audiencias públicas organizadas por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, creada por decreto en agosto del mismo año y encabezada por Pablo Gómez. En este ejercicio participaron ciudadanos, académicos, especialistas, organizaciones civiles y representantes de distintos sectores.
De acuerdo con cifras oficiales, la Comisión Presidencial recibió un total de mil 311 propuestas, presentadas tanto en la Ciudad de México como en distintas entidades del país, además de siete audiencias realizadas en Estados Unidos. Estos planteamientos sirvieron como insumo para la elaboración del proyecto que será turnado al Congreso.
Entre las principales propuestas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra la reducción del costo de las elecciones, uno de los temas que ha sido reiterado en sus mensajes públicos. La mandataria ha señalado la necesidad de generar ahorros en los procesos electorales y ha planteado la posibilidad de desaparecer los Órganos Públicos Electorales Locales, conocidos como OPLES, para concentrar la organización electoral en un instituto nacional centralizado.
Datos de organismos ciudadanos señalan que procesos electorales como el de 2024, en el que se renovaron la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y nueve gubernaturas, tuvieron un costo superior a los 23 mil millones de pesos, cifra que ha sido utilizada como referencia en el debate sobre la viabilidad de reducir el gasto electoral.
Otro eje central de la reforma es el recorte al financiamiento público de los partidos políticos. Según datos del Instituto Nacional Electoral, los partidos recibieron más de siete mil 354 millones de pesos en 2025, monto que se incrementó para 2026. La presidenta ha planteado que estos recursos deben disminuirse como parte de un ajuste general al sistema político.
Asimismo, Claudia Sheinbaum ha mencionado la eliminación de las diputaciones y senadurías plurinominales, es decir, los espacios legislativos que se asignan por representación proporcional. A diferencia de propuestas anteriores, la mandataria ha señalado que su intención es modificar el mecanismo para que todas las personas que integren el Congreso hayan buscado el voto directo de la ciudadanía.
Durante las audiencias públicas, uno de los temas más recurrentes fue precisamente la revisión del sistema de representación proporcional, así como la reducción del número de legisladores que acceden al Congreso por esta vía. También se plantearon propuestas para disminuir costos electorales sin eliminar a los OPLES, mediante la reducción de duplicidades entre el INE y los institutos locales, así como el ajuste en el número de consejeros electorales.
Otras propuestas incluyeron la reducción del tiempo de campañas, una mayor regulación de la propaganda electoral, recortes adicionales al financiamiento partidista y el fortalecimiento de las acciones afirmativas, con el objetivo de garantizar la postulación de candidaturas de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, afromexicanos y personas de la diversidad sexual.
En las audiencias también se abordaron temas como la ampliación de mecanismos de democracia participativa, entre ellos consultas ciudadanas, plebiscitos y la revocación de mandato para otros cargos públicos, así como la posible implementación del voto electrónico, considerando las limitaciones tecnológicas en algunas regiones del país.
La reforma electoral 2026 se perfila como uno de los debates legislativos más relevantes del inicio del sexenio, debido a su impacto directo en la organización de las elecciones y en el funcionamiento del sistema democrático mexicano.
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