El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que en 2026 seguirá el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz con una inversión de seis millones de pesos, estrategia que desde 2012 ha permitido retirar miles de armas de las calles y fomentar la cultura de paz en la capital del país.
CIUDAD DE MÉXICO.-
El Gobierno de la Ciudad de México anunció que durante 2026 continuará el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, con una inversión de seis millones de pesos destinados a fortalecer esta estrategia de prevención que busca reducir la presencia de armas de fuego en los hogares y en las calles de la capital.
De acuerdo con información oficial, desde su creación en 2012 y hasta el cierre del año pasado, esta iniciativa ha logrado retirar de circulación casi 27 mil armas cortas, más de 12 mil armas largas e incluso una pieza de artillería. Estos resultados posicionan al programa como uno de los referentes nacionales en materia de desarme voluntario y prevención de la violencia.
El programa Sí al Desarme, Sí a la Paz se implementa en coordinación con diversas dependencias del gobierno capitalino y cuenta con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyos elementos supervisan el proceso de entrega y destrucción inmediata del armamento.
Los módulos de recepción se instalan principalmente en los atrios de iglesias ubicadas en las 16 alcaldías de la ciudad, lo que facilita el acceso de la población y brinda confianza a quienes deciden participar. La estrategia está diseñada bajo tres principios fundamentales: anonimato, seguridad y remuneración.
En cuanto al anonimato, las autoridades precisaron que no se solicitan datos personales ni se investiga el origen del arma entregada. El objetivo es incentivar la participación ciudadana sin generar temor a posibles consecuencias legales, siempre que no exista un proceso judicial previo relacionado con el arma en cuestión.
El componente de seguridad implica que personal especializado verifica el estado del arma y procede a su inutilización inmediata en el lugar. Posteriormente, el material es destruido conforme a los protocolos establecidos, evitando que pueda volver a utilizarse.
Por su parte, el esquema de remuneración contempla incentivos económicos que varían según el tipo de arma y sus características. En el caso de armas de alto poder o piezas específicas, el monto del canje puede superar los 24 mil pesos. Esta compensación busca motivar a las personas a entregar voluntariamente armas que pudieran representar un riesgo en sus hogares.
Autoridades capitalinas señalaron que uno de los principales objetivos del programa es prevenir accidentes domésticos, particularmente aquellos que involucran a menores de edad. La presencia de armas en viviendas incrementa el riesgo de incidentes graves, por lo que su retiro contribuye directamente a la seguridad familiar.
Asimismo, la estrategia busca incidir en la reducción de delitos violentos al disminuir la disponibilidad de armas en la comunidad. Si bien el desarme voluntario es solo uno de los componentes de la política de seguridad, se considera una medida preventiva que complementa otras acciones institucionales.
La inversión de seis millones de pesos para 2026 permitirá ampliar la cobertura territorial y reforzar las campañas informativas sobre la importancia de participar en el programa. El gobierno local reiteró que la construcción de una cultura de paz requiere la colaboración de la ciudadanía y el fortalecimiento de mecanismos que promuevan la prevención.
Especialistas en seguridad pública han señalado que este tipo de programas no solo impactan en la reducción de armas en circulación, sino también en la generación de confianza entre autoridades y sociedad. El hecho de que el proceso sea anónimo y supervisado por instancias federales brinda mayor certeza a quienes optan por entregar un arma.
Con la continuidad de Sí al Desarme, Sí a la Paz en 2026, el Gobierno de la Ciudad de México reafirma su compromiso con la prevención de la violencia y la promoción de entornos más seguros, apostando por una estrategia que transforma herramientas de riesgo en recursos que pueden destinarse al bienestar de las familias.
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