Con el propósito de impulsar un crecimiento ordenado, transparente y con visión de futuro, la XXXIV Legislatura del Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Obra Pública, un marco normativo que permitirá fortalecer la planeación, ejecución y supervisión de obras destinadas a mejorar caminos, servicios públicos, infraestructura social y acciones de protección ambiental en todo el territorio nayarita.
TEPIC.-
La aprobación de esta ley representa un avance significativo en la actualización del marco jurídico estatal, al establecer lineamientos más claros y eficientes para el desarrollo de proyectos de infraestructura que impactan directamente en la calidad de vida de las y los ciudadanos. Las y los diputados coincidieron en que la obra pública es una herramienta fundamental para reducir desigualdades, impulsar la economía local y garantizar el acceso equitativo a servicios básicos.
Durante la sesión legislativa en la que se sometió a votación el dictamen correspondiente, las y los integrantes de la XXXIV Legislatura destacaron que la nueva Ley de Obra Pública responde a la necesidad de contar con reglas modernas que permitan una mejor coordinación entre las distintas instancias de gobierno, así como una adecuada aplicación de los recursos públicos destinados a infraestructura.
En el desarrollo de la discusión, se subrayó que esta legislación busca priorizar proyectos que atiendan necesidades reales de la población, especialmente en materia de caminos y vialidades, servicios públicos esenciales y obras de carácter social. Con ello, se pretende que las inversiones en obra pública tengan un impacto directo y medible en el bienestar de las comunidades, tanto urbanas como rurales.
Uno de los ejes centrales de la Ley de Obra Pública es el fortalecimiento de la planeación. La normativa establece criterios para que las obras se diseñen con una visión de largo plazo, considerando factores técnicos, sociales y ambientales. Esto permitirá evitar proyectos improvisados y garantizar que cada acción esté alineada con los planes de desarrollo estatal y municipal.
En materia de caminos e infraestructura vial, la ley abre la posibilidad de mejorar la conectividad entre municipios y comunidades, facilitando el traslado de personas y mercancías. Una red carretera en mejores condiciones contribuye al desarrollo económico, al acceso a servicios de salud y educación, y al fortalecimiento del comercio y el turismo en las distintas regiones del estado.
La legislación también pone énfasis en el fortalecimiento de los servicios públicos, como el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público y manejo de residuos. Estos servicios son considerados prioritarios, ya que inciden de manera directa en la salud, la seguridad y la calidad de vida de la población. Con la nueva ley, se busca que las obras relacionadas con estos rubros se realicen con mayor eficiencia y supervisión.
Otro aspecto relevante es el impulso a la infraestructura social, que incluye la construcción y rehabilitación de escuelas, centros de salud, espacios deportivos y comunitarios. Las y los legisladores señalaron que este tipo de obras no solo atienden necesidades materiales, sino que también fortalecen el tejido social, promueven la convivencia y generan oportunidades de desarrollo para distintos sectores de la población.
La protección ambiental ocupa un lugar importante dentro de la Ley de Obra Pública. La normativa incorpora criterios que obligan a considerar el impacto ambiental de cada proyecto, promoviendo prácticas responsables que contribuyan a la conservación de los recursos naturales. De esta manera, se busca que el desarrollo de infraestructura sea compatible con el cuidado del entorno y la sostenibilidad a largo plazo.
Durante la aprobación del dictamen, se destacó que la ley también refuerza los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Al establecer procesos más claros de contratación, supervisión y evaluación, se pretende garantizar un uso responsable de los recursos públicos y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Las y los diputados coincidieron en que la nueva Ley de Obra Pública permitirá una mejor coordinación entre el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos y los órganos encargados de ejecutar y supervisar las obras. Esta colaboración será clave para asegurar que los proyectos se concluyan en tiempo y forma, con calidad y beneficio social.
Con la aprobación de esta legislación, la XXXIV Legislatura refrenda su compromiso con el desarrollo integral de Nayarit, apostando por obras que no solo atiendan las necesidades actuales, sino que también sienten las bases para un crecimiento equilibrado y sostenible en los próximos años.
La entrada en vigor de la Ley de Obra Pública marca un nuevo rumbo en la forma de planear y ejecutar la infraestructura en el estado, consolidando un enfoque de desarrollo con visión de futuro que prioriza el bienestar social, la protección del medio ambiente y el uso eficiente de los recursos públicos.
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